La política sexual de marzo a junio de 2022

Nora Löhr &bullet; 11 Juli 2022

Reproduktive Rechte

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Primeras palabras

Desde abril de 2020, los boletines de SPW han acompañado y analizado la política sexual en el contexto de la pandemia del COVID-19. A dos años del inicio de la crisis sanitaria, después de picos brutales y secuenciales de letalidad distribuidos por diversas regiones y países, la pandemia está finalmente disminuyendo, gracias a la inmunización alcanzada por las vacunas y también por efecto de la adaptación del virus.

Esta disminución, sin embargo, no impide nuevos brotes ni borra, con un pase mágico, los drásticos legados de la pandemia. Es por esto que vamos a continuar hablando de pandemia, ya sea la del COVID-19, ya sea de las nuevas ondas epidémicas. Por ejemplo, cuando estábamos finalizando este informe, sonó la alerta de la difusión global de la viruela de los monos, enfermedad que estaba hasta entonces confinada al continente africano, confirmando una vez más la facilidad con la que las crisis epidémicas inflaman estigmas. En esta edición tratamos también, aunque de modo muy conciso, un tema no menos importante: la invasión a Ucrania. Así como ha sucedido muchas veces en el pasado, esta invasión entrelaza los efectos de la “peste” con la tragedia de la guerra.

No menos importante, antes de que el informativo en español estuviera finalizado, la Corte Suprema de EUA, tal como estaba previsto, derogó la decisión Roe Vs Wade de 1973. La decisión devuelve la regulación del derecho al aborto a los estados lo que lleva, de inmediato a la restricción draconiana de ese derecho en cuatro de ellos y en otros quince en los próximos meses. El tiempo no permitió hacer una análisis más amplia y profunda de ese hecho político cuyos efectos serán devastadores en muchos aspectos. Pero conseguimos armar una compilación bastante extensa de lo que ha sido publicado inglés, con algunas entradas en español y portugués. También compartimos el balance crítico y indignado de Françoise Girard sobre la decisión del 24 de junio.

Esa edición trae otras contribuciones de colaborador@s y amig@s de SPW. María Luisa Peralta escribe sobre el tema del vientre de alquiler en el contexto de la guerra de Ucrania. Traducimos un editorial escrito por Paula Guimarães, que resume el caso de la menina brasileña impedida de abortar y la excepcional carta escrita a la niña por el periodista Jamil Chade a la niña.

Finalmente, algunas buenas nuevas noticias para SPW. Lanzamos dos nuevas publicaciones de SPW. En marzo publicamos el e-book Políticas antigénero en América Latina en el contexto de la pandemia, que en breve será traducido al inglés y al portugués. En mayo, lanzamos las dos versiones de un dicionário sobre términos ambiguos del debate político actual, una publicación exclusiva en portugués. Y, felicitamos a Gloria Careaga, miembro del consejo de SPW, que fue ganadora del Premio Felipa de Souza de la OutRight Action International. Sepa más sobre el premio y la ceremonia de entrega.

¡Buena lectura!

Equipo SPW (Sonia Corrêa, Nana Soares y Fábio Grotz)

El estado (casi terminal) de la pandemia y sus legados

Aunque por todas partes de hable sobre el fin de la pandemia, continúan apareciendo brotes localizados. Desde diciembre de 2021, la difusión de la variante Ómicron produjo ondas de contaminación en Europa, América y Asia, donde fue especialmente agudas en Pekín y sobre todo en Shanghái. En esta ola el virus finalmente llegaría a Corea del Norte, en donde no hay acceso a las vacunas. Hubo también nuevos repiques del COVID-19 en California, en Mumbay, en India y también en Brasil. Aún cuando las autoridades de salud de la OMS y de los estados nacionales continúan insistiendo en el sostenimiento de las restricciones y cuidados para contener las infecciones, en todos lados está instalada la fatiga hacia las medidas colectivas e individuales de prevención. Pero, de hecho, la pandemia no terminó.

Como muestra el rastreador de COVID-19 del The New York Times, casi el 70% de la población mundial ya recibió al menos una dosis de la vacuna y alrededor del 30% recibió dos dosis. Varios países de Europa y de las Américas ya están aplicando las 3ª y 4ª dosis, pero los índices de vacunación en África continúan siendo irrisorios, y lo mismo sucede en países de otras regiones, tales como Guatemala, Haití, Jamaica y Surinam; en contexto nacionales afectados por conflictos armados como Siria, Irak, Yemen, Afganistán y también en Ucrania y otros países de Europa del Este y de Asia Central.

O sea, el apartheid de las vacunas persiste y son enormes las disparidades globales en relación con los insumos para el tratamiento del COVID-19. Por esto resultan tan chocante la noticia publicada a finales de mayo donde se informa que Suiza iba a destruir más de 600.000 dosis vencidas de vacunas de ARN (Moderna). Y también es lamentable que la Unión Europea y los EEUU hayan obstaculizado de diversas maneras las negociaciones de la OMC para la flexibilización de las patentes, que habían ganado ritmo y visibilidad en 2021.

Para finalizar, la pandemia, que causó la muerte de más de 6 millones de personas e instaló una sombra densa de dolor y luto en el mundo entero, también dejó secuelas epidemiológicas de largo alcance, todavía mal comprendidas, así como legados socio económicos drásticos que tampoco serán mensurados a corto plazo.

La epidemia del agravamiento de las desigualdades

A los millones de muertos y de personas sobrevivientes debilitadas/os y en estado de luto se suma la crisis económica global que implicó la vuelta a niveles elevados de pobreza, miseria, inseguridad alimentaria, hambre, desempleo y mayor precariedad laboral. Entre 2020 y 2022, la digitalización de la vida social ganó una escala inédita y, aún cuando esto pueda ser leído como un beneficio para la economía de servicios en contexto de pandemia, los efectos perjudiciales de esa reorganización también precisan ser contabilizados, en especial en el mundo del trabajo. La financiarización también se amplificó, siendo Brasil un ejemplo, donde una parte importante de la generosa ayuda de emergencia se canalizó al sistema financiero.

Sobre todo, al contrario de lo que se especuló cuando la pandemia se instaló, se acentuaron los patrones de desigualdad y los ricos se volvieron más ricos. Este enriquecimiento fue tan acentuado que el título del informe Oxfam de 2022, lanzado en Davos, es Lucrando con el dolor. De acuerdo al análisis, el año pasado 573 personas entraron al club de los super ricos; la fortuna combinada de estas personas creció US$ 3,8 trillones desde 2020.

Como es sabido, em 2021, las empresas privadas de salud brasileñas tuvieron un hiper lucro mientras el COVID-19 devastaba el país. Según el informe Oxfam, en 2022, el gigante del lucro alimenticio Cargill tuvo un lucro líquido de U$S 5 billones, el mayor desde su fundación en el año 1865. En contraste, una epidemia de hambre e inseguridad alimentaria está instalada en el mundo. Un reciente estudio brasileño, hecho por la Fundación Getulio Vargas (FGV), también muestra que los índices de inseguridad alimentaria crecieron vertiginosamente, sobre todo entre las mujeres (el 46% de la población femenina vive hoy en situación de precariedad alimentaria).

La política pos pandemia: cambios autocráticos

Como venimos analizando desde el año 2020, la pandemia favoreció o profundizó dinámicas de desdemocratización y autoritarismo, el crecimiento de las fuerzas de derecha y derivaciones autocráticas. En los últimos tres meses hemos asistido a una repetición del patrón de excepción pandémico verificado en el 2020 en China. El nuevo brote ocurrido en Pekín y Shanghái llevó a la adopción de restricciones para poder cumplir la directriz de Covi Cero definida por el gobierno central. Entre otras medidas, niños/as con resultados positivos fueron separados/as de sus familias para frenar la cadena de contagios. Edificios residenciales tuvieron sus puertas cerradas para impedir la circulación de sus habitantes. Es decir que la gestión de la crisis se volvió una vez más una ventana de oportunidad para el recrudecimiento del autoritarismo del régimen chino. Por otro lado, la reacción y la resistencia social a las nuevas medidas revelaron fracturas en las tramas del poder en el corazón de la administración de Xi Jinping.

En el 2021, el informe del instituto sueco V-DEM caracterizó esas tendencias como viralización del autocracismo. Más allá que desde el 2020 muchos líderes como el propio Xi o Bukele hayan aprovechado el COVID-19 para consolidar medidas arbitrarias, en la mayoría de los países la desdemocratización y el autoritarismo no deben ser leídos solamente como un efecto pandémico, pues las señales venían de mucho antes. Apenas se multiplicaron o profundizaron. El informe V-DEM de 2022 muestra que, a nivel mundial, los indicadores de la democracia volvieron a los niveles de 1989, cuando terminó la Guerra Fría. Este movimiento ocurrió a nivel mundial, inclusive en la Unión Europea.

El número de golpes fue récord en 2021: seis rebeliones militares y un autogolpe, todos en el continente africano. Además, el número de autocracias extremas subió de 25 para 30. Una de ellas es la de Nicaragua, donde el régimen expulsó a la OEA del país y en donde hay una brutal represión política que se agrava día a día y es también dirigida contra organizaciones feministas.. Esta tragedia se desarrolla desde 2018 , bajo la mirada complaciente de Europa, EEUU y las izquierdas latinoamericanas.

El informe también observa que el autocracismo está sufriendo una metamorfosis, siendo el trazo más fuerte de ese cambio la multiplicación de regímenes “autoritarios democráticos”, en los cuales las formalidades democráticas coexisten con la arbitrariedad estatal, amenazas a las instituciones, incomodidad creciente de la esfera pública, persecución de minorías u otros “enemigos internos”. Hoy el 44% de la población mundial vive bajo regímenes de este tipo, en países como Hungría, Polonia, Serbia, Rusia, El Salvador y varios países africanos; pero también en los EEUU, donde las señales de erosión democrática continúan siendo palpables.

La lista también incluye India y Sri Lanka, lugares en los cuales en este momento se encuentra en curso una amplia movilización de repudio a la crisis económica, brutalmente reprimida por el régimen. En este universo, hay 35 países en los cuales, a lo largo de 2021 se registró un agravamiento de la arbitrariedad y la violencia estatal – de la que son ejemplo las carnicerías policiales en Brasil – así como violaciones a la libertad de expresión y también conflictos y violencia letal intracomunitaria autorizada por el Estado, como sucede en India .

Las autocracias del presente coexisten con las reglas formales, más o menos preservadas, de procedimientos democráticos. De este modo, las dinámicas de desdemocratización se manifiestan, de manera flagrante, en procesos electorales. Comenzando por Asia, en las Filipinas, el hijo del exdictador Ferdinand Marcos, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., fue recientemente electo presidente en un proceso “legítimo”. Él contó con el apoyo de Rodrigo Duterte, que presidió el país desde 2016, usando y abusando del poder ejecutivo, inclusive para legitimar ejecuciones extrajudiciales. Ya en Europa, Viktor Orbán llegó por quinta vez al puesto de primer ministro de Hungría, pues su partido, el Fidesz, consiguió amplia mayoría en el parlamento en las elecciones de abril, confirmando la eficacia de la estrategia de erosión institucional usada por Orbán para mantenerse en el poder.

Pero las potenciales erosiones democráticas también se registran en países bien puntuados en el índice V-DEM. Es el caso de Francia, donde la reelección de Emmanuel Macron fue amenazada por la representante de la derecha Marine Le Pen, que tuvo 41,46% de los votos en la segunda vuelta, un avance significativo en relación con la votación de 2017. Un proceso electoral en el que también se asistió al furor causado por la campaña del ultraderechista Eric Zemour, pautada por la desinformación, fantasmas racistas y descrédito en las instituciones democráticas. Como bien sintetizó el periodista Jamil Chade: Macron fue reelecto, pero la extrema derecha venció (lea nuestra compilación en inglés/español). Y en Corea del Sur, un país bien puntuado por el V-DEM, un exprocurador conservador fue electo presidente por un pequeño margen de votos. Sus discursos combinan la defensa feroz de la “libertad”, bandera agitada por todos los lideres populistas de derecha, y posiciones declaradamente antifeministas.

En América Latina también tuvieron lugar dinámicas electorales inusitadas y que implican riesgos democráticos. En Costa Rica, país de la región que ocupa la posición más alta en el índice V-DEM, un outsider fue electo presidente, a contrapelo de las previsiones que apuntaban para la victoria de la derecha tradicional. Rodrigo Chavez es un economista ultra neoliberal que vivió treinta años afuera del país y que renunció a su cargo en el Banco Mundial por acusaciones de acoso moral y sexual. Tan pronto como fue electo presidente se alineó con las fuerzas políticas del evangelismo fundamentalista que casi llegó al poder en 2018 y de inmediato fueron anunciadas medidas de restricción al aborto terapéutico.

En Brasil, ícono de la desdemocratización de la región y en el mundo, aún cuando las elecciones presidenciales sean recién en octubre, la dinámica electoral ya está instalada. Se perfila un pleito hiper polarizado entre Bolsonaro y el ex presidente Lula, quien lidera de manera consistente las intenciones de voto. La ventaja de Lula inevitablemente infla las tentaciones autoritarias de Bolsonaro, sospecha sistemática que es un fuerte síntoma de autocracismo.

Lo que es más grave aún, desde abril la prensa comenzó a hablar abiertamente de la posibilidad de un golpe en el caso de que Lula venza las elecciones (más aquí). A mediados de mayo, en una reunión organizada por tres institutos de investigación vinculados a los militares, se lanzó un documento {PT} que ataca el “globalismo”, el “activismo judicial” y la “ideologización de la educación”. El texto también propone un programa radical de privatización y proyecta el control político del país hasta el 2035. Los próximos meses serán por lo tanto cruciales. No sólo para la democracia brasileña sino también, como observa Jamil Chade, para definir el país que queremos ser.

Mientras tanto, en Ecuador la profunda crisis social provocó un nuevo estallido. El país estuvo paralizado por casi tres semanas por un paro nacional provocado pela precarización y la violencia del estado y por una fuerte presión de la oposición congresual contra el gobierno Lasso. Un acuerdo mediado por la Conferencia Nacional de los Obispos suspendió los conflictos en la última semana de junio, pero como analiza Manuela Picq, su precio en vidas perdidas y polarización agravada fue muy alto, y sus términos no resuelven la crisis que deflagró el estallido.

Buenas notícias

En la elección colombiana realizada a fin de mayo, la izquierda por primera vez en la historia del país ganó las elecciones presidenciales. El nuevo presidente es Gustavo Petro y su vicepresidente es Francia Marques una abogada negra feminista que empezó su vida profesional como trabajadora doméstica. Dicho eso el pleito fue muy disputado y muy riesgoso, pues un outsider populista llegó al segundo turno. Rodolfo Hernández, un ingeniero de 77 años, que también tenía como vice una mujer negra en el comienzo de junio, lideraba las intenciones de voto por un margen de 3 a 4 puntos porcentuales, lo que torna la vitória de Petro y Marques aún más significativa.

En Chile, a su vez, la Convención Constitucional terminó su trabajo y entregó el texto final de una nueva Carta Magna que busca sedimeentar un estado social derecho con fuerte compromiso con la protección ambiental, la pluralidad étnica y la la paridad de género. El texto que, como bien analiza el balance hecho por El País, es objeto de críticas y controvérsias será sujeto a la aprobación popular en un plebiscito que tendrá lugar el 4 de Setiembre.

La guerra en Ucrania: antecedentes y efectos

El informe V-DEM 2022 observa correctamente que la invasión a Ucrania no puede ser desvinculada de la llegada de Putin al poder veinte años atrás y, por lo tanto, compone el escenario de resurgimiento y sedimentación del autocratismo en el siglo XXI. En ese ciclo largo también deben ser contabilizadas las invasiones de Afganistán (2001) e Irak (2003) que coincidieron temporalmente con el ascenso del líder ruso y sobretodo, desencadenaron dinámicas de desdemocratización del tejido de la política norteamericanas. No menos importante, los espectros de estas guerras acechan las motivaciones y justificaciones de Putin para invadir Ucrania.

En la imbricación de los intereses y lógicas geopolíticas que precedieron a la nueva guerra, que es compleja y profunda, el comportamiento de los EEUU, de Europa y de la OTAN tienen un peso innegable. Pero aún así esta es una guerra de agresión contra un país soberano y como tal, debe ser repudiada. Además, la amenaza nuclear que sobrevuela no puede ser minimizada y, como bien analiza Ivan Krastev, la dinámica interna de Rusia tampoco puede ser excluida de las ecuaciones que intentan explicar el conflicto. De la misma forma, es complejo y contradictorio el escenario político ucraniano, pues en el mismo prosperan tanto el populismo cuantas fuerzas religiosas hiper conservadoras y grupos de extrema derecha.

La guerra también sacó a la luz fantasmas y realidades neocoloniales. Iluminó la larga y brutal historia de la dominación rusa (inclusive soviética) que en gran medida, explica el vigor de la resistencia ucraniana. Pero también puso de manifiesto el contraste escandaloso entre la generosa abertura de las fronteras europeas para las personas que dejan Ucrania y el racismo y la xenofobia que persisten en relación con los “otros” refugiados y migrantes. Y, en el inicio del conflicto, fue marcadamente colonialista la insistencia de la prensa global al afirmar que Ucrania “no es un estado fallido del sur global”.

Hicimos este balance cuando la guerra completaba cien días . Al comienzo de junio de 2022, el ejército ruso controlaba el 20% del territorio ucraniano, millares de vidas se habían perdido en la carnicería del conflicto, ciudades enteras estaban arrasadas, atrocidades de todo tipo fueron cometidas, sobre todo por el ejército ruso, y millones de refugiados habían dejado Ucrania. En Rusia, la brutal represión política había impedido manifestaciones de resistencia y empujó al exilio a quienes se oponían a la guerra y al autoritarismo. Las sanciones económicas impuestas por los EEUU y Europa no estaban teniendo los efectos esperados, la diplomacia falló, la militarización sigue escalando, los fabricantes de armas multiplican sus lucros. Pero el desenlace del conflicto continúa siendo imprevisible.

Por otro lado, el impacto de la guerra sobre la economía global, ya debilitada por la pandemia, ha sido devastador. La caída de la producción de alimentos amenaza agravar la situación de seguridad alimentaria, especialmente en África y en Medio Oriente; y los efectos sobre las cadenas globales de producción apuntan para escenarios de desglobalización y estanflación. Y la guerra está, de hecho, alterando la cartografía geopolítica que fue sedimentada desde el final de la guerra fría. Según el politólogo Fyodor Lukianov, ella instala un ambiente propicio para que las premisas de universalidad sean abandonadas en pro del “pluralismo de valores” y para que los juegos de intereses retornen a la lógica clásica del equilibrio de fuerzas y la guerra como resolución de conflictos (para comprender el sustrato ideológico de ese cambio vale la pena oir Masha Gessen analizando la visión de Putin sobre la modernidad).

En ese telón de fondo, como muestra nuestra compilación, tanto las condiciones de la guerra como las narrativas están densamente pobladas por el género y la sexualidad. Y en el centro de la escena está Vladimir Putin, figura icónica de la masculinidad política tóxica, líder vocal del campo hiper conservador que financia figuras políticas y organizaciones antigénero en Europa.

En octubre pasado, Putin propuso que la “ideología de género” fuese definida como “crimen contra la humanidad” y ciertamente concuerda con el patriarca ortodoxo de Moscú que en marzo de 2022 justificó la guerra como medida para “contener la imposición occidental de la homosexualidad”. Mirando la escena a partir de América Latina, tampoco es políticamente trivial el sólido acuerdo militar entre Rusia y el régimen Ortega- Murillo en Nicaragua, y menos aún la visita que Bolsonaro hizo a Putin cuando ya tronaban los tambores de guerra.

El 8 de mayo tuvo lugar el webinario Tranfeminist Solidarity for Ukraine, convocado por la filósofa ucraniana Irina Zherebkina, Judith Butler y Sabine Hark. En este intercambio que está disponible en video, feministas ucranianas y de Europa del Este denuncian el carácter imperialista de la guerra y analizan como la ideología antigénero está incrustada en el núcleo del conflicto. También reflexionan, con mucha valentía, sobre la vacuidad de las posiciones anti guerra y anti militarización descontextualizadas, que pretenden hablar en nombre de ellas. Este diálogo es una referencia fundamental para comprender la complejidad del conflicto y lograr captar del mejor modo el vigor feminista y democrático de la resistencia ucraniana.

Las políticas antigénero

El lugar que el repudio al género ocupa en el escenario de la guerra es el trazo más relevante de las políticas antigénero en los primeros meses de 2022. Existen, sin embargo, otras dinámicas significativas que conviene relatar, comenzando por la fractura que el conflicto produjo entre las fuerzas que se mueven en ese campo. Ella es flagrante, por ejemplo, en el contrate entre la posición radicalmente pro – Ucraniana de Polonia y las relaciones que Viktor Orbán continua manteniendo con el Kremlin. En América Latina, el gobierno Giammattei (Guatemala), que el año pasado firmó un poco antes que Rusia el llamado consenso de Ginebra, también está alineado con Ucrania y rompió relaciones con Moscú. Para captar mejor las motivaciones subyacentes a esos desplazamientos, recomendamos la lectura del artículo escrito por un intelectual ultra católico australiano tan pronto se instaló el conflicto. Esta diferenciación de posiciones frente a la guerra, sin embargo, no parece estar afectando la capacidad de movilización de esas fuerzas.

Los intensos periplos entre enero y mayo de 2020 de Angela Gandra, la secretaria nacional de la familia del gobierno de Bolsonaro, ilustran esa vitalidad. En enero, la secretaria estuvo en Bogotá para una reunión de Arte Academy, programa de formación de la Alliance Defending Freedom (ADF). Y estando en Bogotá se reunió con José Antonio Kast. En febrero, poco antes de la reunión del Foro de Madrid en Bogotá, Gandra participó de un evento paralelo de la Comisión de Desarrollo Social de la ONU sobre el fortalecimiento de la familia.

En marzo fue con Damares Alves a Guatemala para participar en la Cúpula Iberoamericana de Defensa de la Vida y de la Familia e inaugurar un documento de defensa de la vida descrito en sus posteos como un Tributo al Consenso de Ginebra. Seguidamente estuvo en Dubai, para actividades públicas en la Expo 22 y en Arabia Saudita, siendo que en ambos países se reunió con autoridades locales. Finalmente, en mayo, acompañada de la nueva Ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Grandra fue a las Naciones Unidas, en Nueva York, y luego a la OEA, en Washington, donde Alejandro Ordoñez, embajador de Colonia en el organismo, anunciaría a la adhesión del país al Consenso de Ginebra. Esta adhesión no tuvo una gran repercusión interna en Colombia, pero es significativa en el plano internacional, un triunfo importante de la diplomacia ultraconservadora conducida por la secretaria desde 2019.

A continuación Gandra participó en Budapest de la IV Cúpula Trasatlántica de la Political Network of Values, al momento presidida por José Antonio Kast, lugar en el que fue muy elogiada. El lema central del evento fue la libertad y allí se denunció la “distorsión sistemática de los derechos humanos promovida por las izquierdas, los feminismos y movimientos LGBTTI”. En el evento se hicieron también oraciones por el fin del aborto en el mundo. No es excesivo afirmar que Budapest se está convirtiendo en una Roma del neoconservadurismo y de la ultraderecha. Algunos días antes de la Cúpula tuvo lugar en la ciudad una conferencia de la plataforma norte americana CPAC que, se reunió de nuevo en Brasil en el comienzo de junio.

Finalmente, en el dia 28 de junio – o sea la data internacional del orgullo LGBTTI la Secretaria Nacional de la Familia, de Brasil, organizó en Brasília un seminario internacional sobre políticas de fortalecimiento de la familia. El evento no tuvo una gran audiencia, pero contó con la participación de Valerie Huber que fue la líder del Consenso de Ginebra en la administración Trump y es íntima colaboradora de Angela Gandra en sus iniciativas de política externa. Huber premió el gobierno de Brasil por su “compromiso en pro de la familia” y participó de una audiencia pública llamada por el Ministerio de Salud para discutir un nuevo y muy problemático protocolo de aborto legal lanzado en junio (ver abajo). En seguida, la secretaria Gandra viajó a Ecuador, muy posiblemente, en búsqueda de apoyo a la iniciativa antiaborto y “Profamilia” que lidera desde 2021.

Leyes, políticas públicas y movilizaciones sociales antigénero

En esta nueva etapa de la política antigénero, las conflagraciones más agudas se han venido produciendo en relación con los derechos LGBTQIA+, especialmente trans y género y sexualidad en el campo educativo. Comenzando por Hungría, paralelamente a las elecciones que confirmaron a Orbán en el poder, un referendo no tuvo los votos suficientes para ratificar la ley de 2021 que había abolido el currículum de respeto por la diversidad sexual en las escuelas. Sin embargo, la mayoría absoluta obtenida por Orbán en las elecciones legislativas muestran aliento y fuerza política para embestidas similares en los próximos años. Además, como analizan materiales de la BBC, el sistema educativo como un todo está sujeto a una fragrante vigilancia ideológica. En Mozambique un libro didáctico fue atacado por supuestamente propagar la homosexualidad. A comienzos de mayo, en Perú, el Congreso aprobó una ley que autoriza a las familias a revisar los currículos escolares haciendo especial énfasis en la educación sexual. En cuanto a esto, en Argentina, el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires sacó una resolución prohibiendo a los profesores usar el lenguaje inclusivo dentro del aula, porque éste dificultarían el aprendizaje. El argumento se ancla en una supuesto preocupación por la “emergencia educacional generada por la pandemia” como fundamento para oponerse al lenguaje inclusivo.

EEUU y Brasil: las batallas más reñidas

Aún cuando estos embates se encuentran por doquier, han sido claramente más virulentos en los EEUU y en Brasil. En EEUU la multiplicación de leyes, decretos y políticas contra los derechos trans y que abolen currículos de género y sexualidad son tan intensos que es difícil contabilizarlos. Se estima que en el 2022 se han presentado más de 230 proyectos de ley discriminatorias. Los objetivos son los derechos de las personas trans a usar los baños correspondientes a su identidad social, enseñanza de diversidad en las escuelas, participación en deportes y acceso a la asistencia a la salud (sepa más aquí ). En el caso específico de la educación, varios estados adoptaron leyes que se oponen a la enseñanza de la diversidad en las escuelas y más de la mitad de los estados están censurando libros en escuelas y bibliotecas. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, estos ataques están asociados al repudio a la teoría crítica racial. Y esa escalada alcanzó un objetivo poco probable: en Florida, la Disney Co. Perdió algunos de sus privilegios fiscales por su posicionamiento contrario a la ley del estado que prácticamente prohíbe el debate sobre la diversidad sexual en las escuelas. El New York Times relata el embrollo. En el caso de los deportes, el más reciente y fragrante absurdo fue aprobado en el estado de Ohio, donde el Congreso aprobó no sólo que todas las chicas trans tengan prohibido practicar deportes en las escuelas sino que también se dice que en el caso de dudas se realice una verificación genital.

En el caso brasileño, el hecho más relevante fue la aprobación por la Cámara, a finales de mayo, de una ley que legaliza la educación domiciliar (homeschooling) como directriz de la política educativa. Esta ley, considerada prioritaria por el gobierno de Bolsonaro, debe ser comprendida como una derivación de las guerras contra el “género” y la “ideología” en la educación, en curso desde 2013. Ella es inspirada por las tesis ultraconservadoras que indican que la familia debe tener tutela plena sobre la educación de los niños y adolescentes y que la escuela es un lugar “ideológicamente peligroso”. Salomón Ximenes, en un artículo publicado en la UOL, evalúa que la ley, tal como está aprobada, desprecia la escuela como un bien público, desvaloriza el magisterio profesional y deconstruye un núcleo esencial del derecho fundamental a la educación.

Embates movilizados por el feminismo antigénero

En el Reino Unido continúan borboteando las guerras en torno a los derechos trans que estuvimos reportando desde 2020. El primer ministro Boris Johnson declaró estar en contra de la participación de los “hombres biológicos […] en eventos deportivos femeninos” y el gobierno anunció que prohibirá las llamadas terapias de conversión, pero sólo para las personas gay y bisexuales, excluyendo a las personas trans, un criterio que va en contra incluso de las directrices del sistema público de salud (NHS).

Vale la pena decir que esto ocurría al mismo tiempo que el gobierno organizaba la Conferencia “Safe to be me”, en conmemoración a los 50 años de las primeras Paradas del Orgullo en el país. La adopción de la nueva ley contra las terapias de conversión suscitó un boicot en masa a la conferencia, lo que llevó a la suspensión del encuentro. Fue convocada una conferencia alternativa, cuya pauta cuestiona el “lavado de imagen” puesta en marcha por la administración conservadora que buscó proyectar al Reino Unido como referencia internacional de la agenda LGBTQIA+ cuando, de hecho, una parte importante de esta población tiene sus derechos cada vez más amenazados en el país. Aún cuando el boicot sea positivo, nada indica que los ataques anti trans irán a disminuir en un futuro próximo.

El sistema multilateral como campo de batalla

Estas tensiones y estallidos inevitablemente se transportan para las arenas multilaterales. Durante la 66ª Comisión de la ONU sobre el Status de las Mujeres (CSW66), en marzo, el tema central -género y cambios climáticos- fue oscurecido por múltiples tensiones. La ONG norte americana C-Fam circuló un petitorio alegando que grupos antiaborto estaban por fuera de las negociaciones por tener opiniones diferentes a los “grupos poderosos con sesgos de izquierda”. Además, las feministas que se definen como “críticas al género” y se oponen al trabajo sexual atacaron el sistema internacional de derechos humanos por incluir el lenguaje de identidad de género en declaraciones, resoluciones y campañas, argumentando que esta definición borra las identidades cis sexuales. La Citizen GO estuvo una vez más presente y diseminó ampliamente estas posiciones por sus canales digitales (para un análisis detallado sugerimos la lectura del material de OpenDemocracy y de la nota de CESR).

También la Asamblea Mundial de la Salud fue escenario de tensiones y disputas. En la última sesión, la discusión sobre la nueva estrategia global de respuesta al VIH, Hepatitis B e ITS fue postergada debido a las discordancias sobre términos consagrados como: “derechos sexuales”, “sexualidad” y “orientación sexual”. La resolución final sólo fue aprobada porque la delegación de México, en el último minuto, propuso retirar el glosario que definía estos términos, decisión que fue apoyada por Brasil. Los países que encabezaban la ofensiva contra los términos, como Arabia Saudita, todavía no se dieron por satisfechos y se abstuvieron en la votación final. Más detalles en el Health Policy Watch.

Derecho al aborto:

Roe vs Wade¿ de vuelta al futuro?

En el campo del derecho al aborto, el evento más significativo de los últimos tres meses fue, sin duda, la filtración de la minuta con la decisión sobre la nueva ley de aborto del estado de Misisipi elaborada por el Juez Samuel Alito expresando la opinión del grupo ultraconservador de la Suprema Corte de los EEUU. El documento que ya anunciaba la derogación de Roe Vs Wade, que sería concretizada el 24 de junio de 2022. La regresión extrema entonces anunciada es un resultado evidente de la persistente reacción conservadora al derecho al aborto que se instaló tan luego tuvo lugar la decisión de 1973, culminando en la inclusión de tres jueces hiperconservadores por Trump (2018-2020) y en la aprobación, desde 2021, de legislaciones draconianas en seis estados, incluido Misisipi. Esa trayectoria larga y compleja es recuperada en varios artículos incluidos en la compilación que hicimos después que fue emitida la decisión final.

Para justificar la derogación, el texto de esa minuta, reiterado en la opinión final de la mayoría conservadora, toma como base tesis jurídicas y decisiones de common law inglesa de los siglos XVI y XVII, así como la opinión de un juez americano de los tiempos coloniales. Argumenta, por ejemplo, que ni la tradición jurídica ni la historia del país reconocen el derecho al aborto y cuestiona, por varios ángulos, el uso de la premisa del derecho a la privacidad como anclaje de Roe vs. Wade. Varias de las críticas hechas al texto responden el primero de esos argumentos, enfatizando, con razón, que el texto de la Constitución no mencionaba los derechos de las mujeres ni tampoco abominaba la esclavitud, lo que no legitima esas ausencias. También subrayan, con firmeza, que el derecho a la privacidad está sólidamente sedimentado en la heurística jurídica y no puede ser aplicada selectivamente. Los argumentos jurídicos esgrimidos por la mayoría conservadora nos dicen que, en el debate de la Corte Suprema, con potenciales efectos globales, están en disputa feroces concepciones divergentes con relación a no sólo el aborto sino a los propios fundamentos de la constitucionalidad y procedimientos jurisprudenciales, con repercusiones potenciales sobre los derechos humanos de modo más amplio.

Otro aspecto a ser considerado tiene que ver con el significado y las motivaciones de la filtración. El episodio suscitó interesantes investigaciones periodísticas que mostraron que las filtraciones de la Corte Suprema son raras, pero no excepcionales; uno de los casos tuvo que ver con la propia decisión Roe vs. Wade. De modo inmediato, las fuerzas de derecha acusaron a los equipos de los jueces progresistas de haber sido los autores de la filtración. Análisis más precisos, como los de Françoise Girard sugieren que la filtración puede favorecer a la bancada conservadora, pues pudo haber sido una estrategia para forzar al juez Roberts, presidente de la Corte, a alinearse con la posición extrema propuesta por la minuta. Lo que efectivamente aconteció.

El tenor de la decisión final no sorprende y ya estaba anunciada, al menos desde la audiencia sobre el caso en diciembre de 2021 (leer el análisis de Françoise Girard). Es fundamental recordar que el texto refleja la visión de la mayoría conservadora de la Corte, pero no se corresponde con la posición mayoritaria de la sociedad estadounidense, en la cual tres de cuatro personas están a favor del derecho al aborto. Una propuesta para contener los efectos de la decisión anunciada sería la aprobación de la ley de salud de las mujeres, una Women´s Health Protection Act (WPHA), aprobada por la Cámara el año pasado, que precisaba ser ratificada por el Senado, pero que fue llevada votación el 11 de mayo y fue derrotada por 51 votos a 49.

Los efectos de la derogación serán devastadoras en el contexto estadounidense, legitimando las leyes draconianas adoptadas desde el año pasado. Estas afectan de modo drástico la vida de las mujeres más pobres y negras, con niveles educacionales y renta más baja: 49% de ellas viven bajo la línea de pobreza. Pero los impactos transnacionales serán también inequívocos. En el caso que fuera confirmada, la decisión inspirará iniciativas jurídicas en otros países y aumentará la energía de las fuerzas antiaborto del mundo entero.

El fin de la Roe vs. Wade también liberará recursos que hasta ahora estaban invertidos por los EEUU para conseguir ese objetivo, los cuales podrán ser utilizados para financiar campañas antiaborto en otros continentes. Mismo ante de la decisión final, el The Guardian publicó dos materiales (aquí y aquí) que analizan cómo la decisión de los EEUU abre caminos para que esas fuerzas comiencen a atacar la legislación pro derecho al aborto en Europa.

En lo que hace a América Latina, fueron publicados varios artículos argumentando que las reformas legales y las decisiones sobre el derecho al aborto en la región (Argentina, Colombia, México y Uruguay) no están directamente amenazadas, sea porque están ancladas en fundamentos jurídicos que no son los mismos que informan Roe vs. Wade. Ardilla, por ejemplo, recuerda que la decisión de la Corte colombiana se basa en premisas de dignidad y superación de la desigualdad, que están ausentes en la decisión de los EEUU de 1973. Por otro lado, no es saludable minimizar que la globalización de la guerra antiaborto intensificada por la decisión tendrá impactos inevitables en la región.

Brasil: el otro campo de batalla

Y cuando este informe está siendo cerrado ocurrieron en Brasil varios nuevos capítulos de la guerra contra el derecho al aborto, instalada con vigor, desde que Bolsonaro fue elegido em 2019, ha ocurrido. Por ocasión del filtraje de la minuta de Alito, Bolsonaro y la ex ministra Damares saludaron con mucha energía la potencial derogación de Roe Vs. Wade. En seguida, en el comienzo de Junio, posiblemente inspirada por lo que ocurría en EUA, la Secretaría de Atención Primaria del Ministerio de Salud lanzó el manual “Atención técnica para la prevención, evaluación y conducta en los casos de aborto”, que promueve la investigación de mujeres que recurren al procedimiento aún en los casos previstos por la ley.

El documento fue objeto de críticas severas de parte de asociaciones médicas, culminando con una acción de cuestionamiento constitucional presentada al Supremo Tribunal Federal por la Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), CEBES, Sociedade Brasileira de Bioética e Rede Unida.

Esa repercusión de repudio al Manual fue amplificada pelo caso de la niña de 10 años de Santa Catarina impedida de abortar por la justicia local que fue objeto una vasta reacción de parte de la sociedad civil y de la prensa, como muestra nuestra compilación, y de la cual hacen parte los artículos de Paula Guimarães y Jamil Chade ya mencionados. Como informa Guimarães, a pesar de inmenso obstáculos em aborto fue realizado.

En respuesta a las múltiples reacciones al Manual, amplificadas por el caso de la niña, Ministerio de Salud llamó una audiencia para el día 28 de junio, sin invitar voces críticas del Congreso Nacional y mucho menos de la sociedad civil. Pero como ya fue dicho, el debate contó con la contribución de Valerie Huber y, aún más lamentablemente, con la presencia de la misma jueza que intentó restringir el derecho de la niña al aborto legal. Esa deplorable audiencia fue, sin embargo, ampliamente repudiada por la grande prensa, cuanto por vehículos feministas.

Otros obstáculos y retrocesos

En el ámbito de los debates sobre el derecho al aborto, existen otros retrocesos que deben ser mencionados, como por ejemplo las situaciones derivadas de la guerra en Ucrania. El diario “Público” y el Brussel Times publicaron materiales sobre la situación dramática a las que están sometidas, en Polonia, las refugiadas ucranianas embarazadas luego de haber sido violadas por soldados rusos pues, como se sabe, el país tiene una de las legislaciones sobre aborto más restrictivas del mundo. Y otras barreras fueron noticia en Europa. Como muestra el reportaje de la OpenDemocracy, mujeres europeas que viven en países donde hay restricciones al aborto ya no pueden, desde el Brexit, acceder al procedimiento en el Reino Unido.

Y en los últimos tres meses también se verifican señales de capilarización de actividades antiaborto en el continente africano. En Kenia, una asociación cristiana se asoció a la representante de la plataforma española CitizenGo del país para cuestionar la reciente decisión de la Corte Suprema según la cual el acceso al aborto seguro como un derecho humano debería estar reflejado en las leyes del país. E incluso en América Latina, a pesar de los avances recientes, fueron registradas también regresiones. En Ecuador, la lucha reñida por el derecho al aborto en el caso de violación, llevó a la aprobación de una ley que, si bien es muy limitada, fue vetada por el presidente Lasso. Y en Guatemala, que es hoy, al igual que Brasil, uno de los polos más activos en el repudio al aborto, fue aprobada una nueva legislación draconiana contra el aborto, el matrimonio igualitario y la educación sobre diversidad sexual en el ámbito educativo. Sin embargo, bajo la presión de los países donantes, el presidente declaró que vetaría la nueva ley.

Derecho al aborto: las buenas noticias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una guía con más de 50 recomendaciones para que el aborto sea realizado de manera segura. El documento fue presentado el día 8 de marzo e incluye recomendaciones para la descriminalización del aborto, tal como fue recomendado por la Conferencia de Pekín de 1995.

En Chile el derecho al aborto fue incluido en el nuevo proyecto del texto constitucional que será votado en julio y llevado a referendo en setiembre. En México, donde la Corte Suprema juzgó la criminalización del aborto inconstitucional en setiembre de 2021, los estados de Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur aprobaron las reformas que descriminalizan la práctica, ampliando para nueve el número de estados del país en los que el derecho al aborto está garantizado. Y en el final de mayo, España aprobó una revisión de la ley del aborto. A partir de ahora, las jóvenes a partir de los 16 años pueden interrumpir la gestación sin precisar de consentimiento. Isabel Valdés hizo un buen resumen de los cambios en este reportaje de El País.

En Brasil, donde Bolsonario festejó el tenor de la minuta filtrada sobre Roe vs. Wade y el gobierno acaba de adoptar una medida drástica y anticonstitucional para coaccionar a las mujeres que acceden al derecho al aborto en el caso de violación, el debate político sobre el tema ya estaba caliente. En abril, el ex presidente Lula, candidato que lidera los sondeos para la presidencia, se manifestó favorable a la interrupción del embarazo como “un derecho de todo el mundo y un problema de salud pública”. Sus palabras tuvieron amplia repercusión en la prensa y su postura fue tanto apoyada como criticada por una vasta gama de actores políticos. Pero decididamente fomentó el debate sobre el tema, generalmente evitado en momentos electorales. Es interesante mencionar que una investigación reciente informa que el 74% de los brasileños están a favor de la manutención o ampliación de los casos de aborto previstos por la ley. Y, cuando finalizábamos este boletín, un sondeo de Datafolha mostró una baja en el apoyo a la prohibición total del procedimiento en Brasil. Lea nuestra compilación de las reacciones a la declaración de Lula.

Derechos LGBTTQ+: retrocesos y amenazas

En África Subsahariana sanciones aún más duras contra la homosexualidad están siendo aprobadas, aún en los países donde la conducta ya estaba criminalizada. En Gana la propuesta de endurecimiento de las penas partió de actores evangélicos, que fueron a las calles en nombre del endurecimiento de la legislación. Por otro lado, como alertan activistas kenianos, que acusan a la justicia de morosidad en las investigaciones de un brutal asesinato de una lesbiana no binaria, los crímenes de odio que afectan a la población LGBTQIA+ no causan tanta conmoción.

En Asia también hay malas noticias. En Singapur, no hubo endurecimiento de legislaciones prohibitivas pero se perdió la oportunidad de enterrar la ley nacional que criminaliza el sexo entre hombres. La corte que juzgó el caso argumentó que los hombres que promovían el cambio no estaban bajo riesgo real de persecución. Y en Qatar, la represión a la población LGBTQIA+ parece que será la tónica durante la Copa Mundial de Futbol, pues el gobierno ya anunció que confiscará símbolos, como banderas del arco iris. Órganos y redes internacionales expresaron preocupaciones con relación a estas potenciales violaciones a los derechos humanos, pero hasta el momento no fue tomada ninguna medida concreta y la discriminación continua de manera bien explícita.

Ya en América Latina, Cuba, activistas LGBT+ y religiosos ultraconservadores confrontaron físicamente en la ciudad de Vedado. El culto, que mencionó “conversión a la heterosexualidad” y “oraciones para eliminar los desvíos” de los homosexuales, fue objeto de protestas de los activistas de la isla. El Cubacute relató el episodio de modo detallado.

Política sexual: buenas noticias

Considerando la ya mencionada centralidad de Hungría en la dinámica transnacional de la política antigénero, es muy positiva la noticia sobre la derrota que sufrió Orbán en el referendo convocado para ratificar la ley que prohíbe contenidos LGBTQIA+ en libros y propagandas. También es importante mencionar la vuelta de la educación sexual a los programas escolares de Uganda, aun cuando nos falten informaciones sobre cuales son los parámetros de esa política.

Nueva Zelandia y Grecia prohibieron las llamadas “terapias de conversión”; y al contrario del Reino Unidos, sin excluir a las personas trans. El Tribunal constitucional de Kuwait declaró inconstitucional una ley que criminaliza la “imitación del otro sexo”. Destacamos también que, en el estado de Jalisco (México) y en Chile, el casamiento entre personas del mismo sexo está ahora permitido por ley.

En Argentina se conmemoraron los 10 años de la Ley de Identidad de Género, y el censo nacional registró y documentó por primera vez la autopercepción sobre orientación sexual e identidad de género (este aspecto, como ya informamos, había sido cuestionado judicialmente por feministas antigénero). Y en Brasil fueron publicados datos demográficos sobre orientación sexual recopilados por la Pesquisa Nacional de Saúde, resultados estos que fueron criticados por investigadores y activistas LGBTQIA+. Además, una decisión de la justicia del estado de Acre determinó que el Censo de 2022 incluya preguntas sobre orientación sexual e identidad de género, decisión que ya fue rechazada por el IBGE, que amenaza atrasar una vez más el relevamiento en el caso que vaya a incluir esos datos.

Finalmente aplaudimos el repudio a la deportación de la activista brasileña Keila Simpson, presidente de Antra (Asociación Nacional de Travestis y Transexuales). A Keila le impidieron entrar en México donde iba a participar del Fórum Social Mundial, alegando que su nombre social no estaba rectificado en la documentación y que ella no tenía pasaje de regreso. Fue detenida por cerca de 10 horas y quedó incomunicada en el aeropuerto, regresando a Brasil el día siguiente. El episodio generó una vigorosa ola de protestas contra ese acto de flagrante discriminación transfóbica, en Brasil y en México. Y el hecho tuvo amplia repercusión en la prensa brasileña.

Trabajo sexual

El Parlamento de Bélgica aprobó una reforma de ley que descriminaliza el trabajo sexual, haciendo que el país sea el primero de Europa en reconocer ese status legal a la prostitución. A contramano, la ley también definió el aumento de la pena para el proxenetismo. El estado de Victoria, en Australia, también descriminalizó la práctica – con un amplio margen en la votación parlamentaria -, transformándose en el tercer estado en hacerlo. Y en Indica, la Corte Suprema fue favorable hacia las trabajadoras del sexo al reafirmar la legalidad de la profesión y determinando un tratamiento digno hacia las profesionales, colectivo comúnmente no respetado por las autoridades policiales.

Violencia de género y otros debates feministas

En Brasil, el Foro Brasileño de Seguridad Pública divulgó cifras desoladoras sobre la prevalencia de la violencia sexual, mostrando que el problema está lejos de ser una prioridad gubernamental – diagnóstico corroborado por una investigación reciente del Inesc donde se muestra la mínima asignación presupuestaria para el combate a la violencia contra las mujeres, en los últimos 4 años.

En Perú, el presidente Pedro Castillo propuso la castración química para los abusadores sexuales, confirmando el apego de las izquierdas latinoamericanas al populismo punitivista. Como señalan Violeta Barrientos y Susana Chávez en los excelentes artículos analizados a propuesta del presidente, esta lógica no sólo ignora las asimetrías de poder involucradas en la violencia sexual sino que tampoco toma en consideración la necesidad de políticas públicas para prevenir la violencia; y elude los efectos colaterales de medidas punitivas de ese tenor.

Otro tema que tuvo amplia repercusión mediática fue el juicio del litigio entre la actri Amber Heard y su exmarido, el también actor Johnny Deep. El evento fue acompañado por un aluvión de misoginia y ataques antifeministas en las redes, y fue aprovechado por fuerzas de extrema derecha. Compilamos el episodio y sus repercusiones. Destacamos en especial la newsletter “Debatable”, de New York Times, que evoca el debilitamiento y debate los límites del movimiento #metoo, cinco años luego de su surgimiento.

Finalmente, gana relevancia la divulgación de los números aterradores de violencia política contra mujeres y personas LGTBQIA+ en Brasil. La información ganó visibilidad a partir de la visita al país del relator especial de las Organizaciones Unidas sobre la libertad de reunión y asociación, Clément Nyaletsossi. El relator fue firme al afirmar que la violencia política en el país tiene un claro recorte racial y de género, además de incidir con fuerza en la comunidad LGTBQIA+, y que la gravedad de los casos está matando la democracia brasileña al impedir candidaturas.

Despedida

El día 19 perdimos a Adrienne Germain, cofundadora de la International Women´s Health Coalition, pionera de los derechos reproductivos, compañera incansable en los debates de las Naciones Unidas en los años 90 y una aliada histórica de esa lucha en Brasil. Esta es una pérdida inestimable que revuelve la memoria de muchos de nosotros que durante décadas dialogamos y colaboramos con Adrienne en arenas internacionales. Una amiga querida, un ejemplo de tenacidad e integridad. Para rememorar a Adrienne compartimos un video memorial que fue presentado en el Foro de la Sociedad Civil de la Reunión de Comitê de Seguimiento de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo que tuvo lugar en la CEPAL en los días.